La validez jurídica de un contrato firmado electrónicamente con firma electrónica avanzada

Posted by media on 10/01/17 9:00

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Los efectos jurídicos de los contratos están regulados por el Derecho Privado. El ordenamiento jurídico ha otorgado autonomía a la partes, dotandolas de libertad para acordar o negociar los aspectos que sean de su interés (siempre que no sean ilegales ni atenten contra la moral y las buenas costumbres). Con lo cual, dichos acuerdos serán de obligatorio cumplimiento para las partes.

Ésto último se sustenta en el principio fundamental del Derecho Civil denominado "pacta sunt servanda", y en los efectos del artículo 1258 del Código Civil que indica lo siguiente: "los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley."

En este post queremos hablar de los efectos jurídicos de los contratos firmados por partes que se encuentran en lugares distintos en el momento de la firma, y que suscriben el contrato con un medio tecnológico como es la firma electrónica avanzada.

Este post también está disponible en inglés.


La validez jurídica de los contratos

Según lo indicado por las normas generales del Derecho, para que el acto negociado o acordado por las partes nazca a la vida jurídica o tenga validez jurídica, es importante que concurran los siguientes elementos, consagrados por el Código Civil:

  • que exista la voluntad o consentimiento de las partes (artículos 1.262 a 1.270),
  • que exista un objeto o que exista un fin contractual (artículos 1271 a 1273) y
  • que dicho objeto esté fundamentado en una causa lícita (artículo 1274 a 1277).

El uso que se da actualmente a los medios tecnológicos permite que el consentimiento sea manifestado indistintamente del lugar donde se encuentren ubicadas las partes, con lo cual, el consentimiento que se expresaba a través de una firma manuscrita en este escenario, quedaría formalizado bajo una firma electrónica.  En el caso de que el contrato sea firmado por vía electrónica, éste gozaría de validez jurídica cuando concurran los mismos elementos mencionados en el párrafo anterior, que se aplican de igual manera al contrato suscrito de forma presencial.

¿Cómo demostrar que concurren los elementos legales necesarios para que un contrato firmado en entornos virtuales tenga validez jurídica?

En contratos formalizados en entornos virtuales se podría hablar de validez jurídica cuando se pueda demostrar que el consentimiento ha sido emitido por la(s) parte(s) vinculada(s) al contrato por medio de una firma electrónica, cumpliendo los requisitos legales mencionados al principio de este post.

Al respecto, actualmente existen herramientas o soluciones tecnológicas que ofrecen el servicio de firma electrónica avanzada, lo cual permite que se cumplan los estándares jurídicos exigidos por la ley, permitiendo que los actos emitidos por las partes sean válidos y vinculantes.

A nivel técnico, la firma electrónica avanzada consiste en la emisión de un certificado de firma, en el que elementos como la geolocalización, la encriptación de datos biométricos y el sellado de tiempo se unen para crear un documento que certifica técnicamente la voluntad de su emisor.

¿Cuáles son los requisitos legales exigidos para la firma electrónica avanzada?

El marco regulatorio de la firma electrónica avanzada en la UE lo establece el Reglamento (UE) Nº 910/2014, conocido como eIDAS, y relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior. 

A nivel del estado español, la firma electrónica está regida por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica modificada por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y por la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

El Reglamento (UE) Nº 910/2014 derogó la Directiva anterior - Directiva 1999/93 - cuya transposición dio origen a la Ley 59 de 2003. Con lo cual esta ley sigue parcialmente vigente (derogatoria tácita) y desaparecerá cuando exista una derogatoria expresa con la normativa nacional que aprueben en su reemplazo.

El artículo 26 del Reglamento (UE) Nº 910/2014 indica las exigencias jurídicas de la firma electrónica avanzada, requiriendo lo siguiente:

  • "debe estar vinculada al firmante de manera única;
  • debe permitir la identificación del firmante;
  • debe haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo, y
  • debe estar vinculada con los datos firmados por la misma de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable."

El artículo 25 del mismo reglamento establece el valor probatorio de la firma electrónica avanzada cuando indica:

"No se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a una firma electrónica por el mero hecho de ser una firma electrónica o porque no cumpla los requisitos de la firma electrónica cualificada. Una firma electrónica cualificada tendrá un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita..."

De acuerdo con todo lo anterior, la firma electrónica avanzada goza de reconocimiento y respaldo normativo.  El uso de la misma es cada vez más común, quedando bajo la responsabilidad del usuario la elección de la herramienta apropiada.

Si lo que se pretende es que el consentimiento de los actos jurídicos tengan soporte probatorio, es importante usar un instrumento tecnológico adecuado y apropiado y en especial, que dicho instrumento cumpla con las exigencias normativas de firma electrónica avanzada comentadas en el presente artículo y establecidas en el Reglamento (UE) Nº 910/2014.

Este post también está disponible en inglés.

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Ana_Maritza_Vega_Suarez_AVATIC.jpg Este es un post invitado por Ana Maritza Vega Suárez.

Ana Maritza es abogada especializada en nuevas tecnologías y propiedad intelectual, y socia fundadora de Avatic Abogados.

@AnaVegaSuarez
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